La ley y el orden

Ayer viernes 20 de julio ha entrado en vigor el multicitado nuevo Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México y algunos municipios conurbados a esta demarcación. El asunto, pese a ser exclusivo de la Zona Metropolitana, tiene algunos puntos interesantes para la generalidad. Uno de ellos es volver a poner en la mesa el debate de la legalidad y su operación.

Propongo un ejercicio. Pensemos por un momento como gobernantes, es decir como si usted lector ocupara un puesto de responsabilidad pública. Pongamos, por ejemplo, que trabaja en una oficina vinculada con el tránsito de la ciudad en la que habita.

El sentido común le indicará que debe iniciar sus actividades realizando un diagnóstico de sus nuevas responsabilidades. De esta forma sabrá cuáles asuntos van bien y cuáles deben corregirse de forma inmediata o en el mediano y largo plazo.

Usted cumple con esta tarea, pero su compromiso cívico lo lleva a no limitarse a esa labor de escritorio. Se arremanga la camisa y sale a la calle a comprobar lo que los papeles le han mostrado. Usted se percata de manera directa que algunos automovilistas conducen sin el carné respectivo, que no utilizan el cinturón de seguridad, que llevan a sus hijos recién nacidos en el asiento delantero, que se estacionan en doble y triple fila, que circulan fuera de los límites de velocidad, en fin, todo un catálogo de irregularidades que pueden resumirse en la siguiente expresión: no se está respetando la normatividad vigente.

¿Cuál es el siguiente paso? Motivado por sus colaboradores, por los medios de comunicación y por su entorno, usted sabe que lo que viene es plantear soluciones concretas. Es decir, ¿qué va a hacer para mejorar la situación?

Usted recurre a la vieja práctica de reflexionar en solitario, o bien, convoca a varias juntas de deliberación para acceder a la mejor decisión. Sin importar su preferencia, la experiencia ha demostrado que ambos métodos de trabajo suelen generar una gran conclusión: hay que hacer cumplir la ley. Para comprobar lo anterior se puede recurrir a las hemerotecas con el fin de revisar las declaraciones de los funcionarios en el sentido de que, para corregir el rumbo, se debe respetar el Estado de Derecho.

Bien. Hasta aquí el trabajo va fluyendo. Ahora viene otra etapa que consiste en saber si va a aplicar el marco jurídico vigente o si va a crear uno nuevo. Por lo regular, y recurriendo de nuevo a la memoria histórica, la segunda vía suele ser la preferida. Las razones son varias: los funcionarios sienten que están haciendo algo propio, que dan por concluida –de manera simbólica—con una etapa y una carga del pasado y, dependiendo del periodo en que asumieron el cargo, que muestran con claridad su autoridad.

Entonces, supongamos que usted decide modificar todo el marco que regula el tránsito de su ciudad para, de esta forma, corregir todo lo que ha observado que estaba mal desde el inicio de su encargo. Para ello, convoca a expertos, pide la opinión de la ciudadanía, hace el anuncio en los medios de que ya está manos a la obra.

Por fin, y luego de algunos meses de trabajo, tiene su producto terminado: un nuevo Reglamento. La promesa consiste en que, ahora sí, esta guía permitirá una mejor convivencia y garantizará el orden. Dependiendo de su personalidad hará una presentación fastuosa o discreta. El punto es que, piensa, ha llegado al final de su encomienda y ahora sólo se trata de que el ordenamiento camine.

Durante las primeras semanas la ciudadanía está involucrada en el tema. Ante la amenaza de sanciones severas, la mayoría lee el texto, lo graba en su memoria y lo aplica durante sus travesías. Usted, como funcionario, ha sorteado esta primera etapa de evaluación con relativo éxito.

Sin embargo, los problemas comienzan a aparecer. De repente, un automovilista no respeta la entrada de un domicilio particular y no pasa nada. Otro obstruye un paso cebra y tampoco hay sanción. En las escuelas las señoras se estacionan donde pueden –y donde quieren—bajo el argumento de la prisa, encaran a otros padres de familia que también tienen mucha urgencia y, al final, todo se resuelve con un intercambio limpio de insultos.

¿Qué sucede? La flamante legislación comienza a flaquear no por su insensatez o por debilidades en su redacción. No. Simplemente no existen los mecanismos para llevarla a la práctica real. Es decir, la administración pública no cuenta con los recursos suficientes para cerciorarse de que ésta se aplica. Y, peor aún, aunque tal escenario se cumpla, por ejemplo, que haya agentes de tránsito en las esquinas, la confianza del ciudadano se viene abajo cuando nota que, otra vez, todo puede arreglarse a través de las vías informales (aunque dicha situación esté penada en el nuevo ordenamiento).

Usted, funcionario público, en la soledad de su oficina le dará vueltas al asunto. La cosa se dirige al mismo escenario que conoció en su diagnóstico y que prometió modificar con su actuación. Sus intenciones y esfuerzos han sido loables. Nadie lo puede dudar. Pero el punto es que la inercia de las cosas parece ser inevitable, al menos en su ciudad y en su país.

Dos escenas vienen a su mente. Una es la de sus profesores universitarios que le repitieron hasta la saciedad que lo importante en el ejercicio del poder público (y en la vida misma) no sólo son los qués, sino los cómos. Otra es la del Jefe Gorgory de Los Simpsons afirmando que la ley no está para protegerte, sino para castigarte.

El Guardián, julio 21, 2007.

Dos sistemas de valores

Hace unos días leí la crónica de un joven de esta ciudad, militante del Partido Acción Nacional, en la que daba cuenta de la jornada electoral en la que su organización había decidido quién sería el candidato a la alcaldía. En ella se hacía referencia a la cerrada competición entre los finalistas, al tiempo que daba pistas sobre lo que sería la batalla final. Por lo que escribe se intuye que el candidato al cual apoyaba no obtuvo la nominación. Lo interesante de su texto, sin embargo, es que dejaba entrever que esto se había debido a la utilización de métodos dudosamente democráticos por parte de su contrincante.

La sabiduría popular suele afirmar que cada quien habla de acuerdo a como le va en la feria. Si preguntásemos a los que les ha tocado estar en el bando perdedor, sin duda tendríamos todo un catálogo de explicaciones, argumentaciones y alegatos para justificar dicha situación. En contraste, los vencedores también suelen esgrimir una serie de razones por las cuales han ocupado dicha posición, cuando el embeleso del triunfo se los permite.

Lo anterior aplica a cualquier campo de la actividad humana. Sin embargo, por ahora nos concentraremos sólo en una de ellas.

La política, se ha dicho hasta la saciedad, es algo inherente a las personas. Todos somos animales políticos, de acuerdo con Aristóteles. En efecto, todos practicamos –en mayor o menor grado—esta actividad. No es necesario haber leído a Max Weber para saber que una esposa sagaz puede ejercerla en su casa para obtener algo de su marido, o que el estudiante también la experimenta en su clase o dentro de su grupo de amigos. En suma, todos hemos sido políticos ocasionales en alguna ocasión.

Sin embargo, la política profesional se ha reservado para unos cuantos. Quizás no los más aptos, pero sí aquellos que han sentido el llamado, o bien, los que han contado con los recursos suficientes para su ejercicio (tanto financieros como temporales). Es esta versión la que nos interesa a los politólogos y la que ha generado un elevado desprecio entre la población.

En efecto, a día de hoy, una de las profesiones más denostadas es la de la política. Para comprobar esta afirmación sólo hay que remitirse a las encuestas de opinión. Ahí se verá que, por lo regular, la gente suele mostrar dos tipos de comportamientos respecto a la misma: a) desprecio hacia sus practicantes, b) reconocimiento de su importancia. Necesitamos políticos, sí, pero no nos gusta cómo actúan los que tenemos, parecería ser la conclusión.

Al respecto, siempre es conveniente recurrir a los clásicos, por ejemplo, a Nicolás Maquiavelo. Este autor italiano –muy citado, poco leído—es famoso por haber escrito una serie de recomendaciones a los gobernantes para obtener, retener y expandir el poder. Sin embargo, el valor de su obra no sólo radica en este hecho. El príncipe también mostró la existencia de dos sistemas de valores, contrapuestos y en conflicto, que aplican para la gente común y para los políticos profesionales.

Maquiavelo comprobó hace 500 años la existencia en paralelo de la moral del mundo cristiano y de la moral del mundo pagano. La primera sirve para encontrar la virtud en la vida privada y la segunda para encontrar la virtud en la vida pública.

¿Qué quiere decir esto? Que quien quiera dedicarse a la política deberá acogerse a los lineamientos del segundo sistema de valores, el cual está compuesto por características como el coraje, el vigor, la fortaleza ante la adversidad, el orden, la disciplina, la fuerza. En contraste, para quien aspira a la caridad, la misericordia, el sacrificio, el perdón a los enemigos, el desprecio a los bienes terrenales, entre otros, no se le recomienda seguir ese camino.

Estos postulados suelen generar molestia por su violencia o su crudeza pero, sobre todo, por una razón filosófica: ambos sistemas de valores, incompatibles entre sí, plantean un signo de interrogación en la vida de los hombres. ¿Qué opción debo escoger? En palabras del teórico Isaiah Berlin, lo que Maquiavelo sacudió con este descubrimiento en la historia de la humanidad fueron las bases mismas de la moral occidental: uno puede salvar su alma o servir a un Estado, pero no hacer ambas cosas a la vez.

Para finalizar una reflexión. Este diagnóstico realista no debe utilizarse para justificar cualquier tipo de comportamiento de los políticos. El sistema de valores por el cual se rige su actividad también tiene un contrapeso en la legalidad. De lo contrario, estaríamos de vuelta en el estado de la naturaleza de todos contra todos, a merced de los más fuertes o los más hábiles.

Para corregir los abusos en el ejercicio de la política existen la legalidad y las instituciones, las mismas que también están presentes en la obra de Maquiavelo cuando afirmó que el hombre no es malo por naturaleza, pero que siente una irresistible tendencia hacia el mal cuando no existe algo que se lo impida.

El Guardián, julio 14, 2007.

A un año del 02-J

El pasado lunes se ha cumplido el primer aniversario de las elecciones presidenciales del 2 de julio, una de las más controvertidas de nuestra historia contemporánea. ¿Qué ha sucedido desde aquella fecha? ¿Qué hemos aprendido de esa experiencia inconclusa?

Como se recordará, el problema no estuvo centrado en el desarrollo de los comicios, sino en lo que vino después, es decir en el proceso de cómputo y escrutinio, en el anuncio de los resultados y en la inconformidad que estos generaron en algunos competidores. El conflicto alcanzó tal magnitud que se prolongó hasta sus últimas instancias, es decir hasta el veredicto final emitido por el Tribunal Electoral Federal en septiembre del mismo año, dos meses después de haberse llevado a cabo la elección.

La primera vez que voté fue en 1997, durante las legislativas que arrebataron la mayoría absoluta al PRI en el Congreso. Sin embargo, no ha sido sino hasta el año pasado en que he sido testigo de la organización de una jornada electoral. La razón fue simple: el sorteo aleatorio del IFE me nombró presidente de una casilla contigua en la ciudad de Huauchinango. De esta forma, y desde mi pequeña trinchera, he podido observar –y hasta ser un poco responsable—de lo que ha ocurrido en aquella ocasión. Veamos.

En primer lugar, hubo un notable interés de la gente en participar a través de su sufragio. Desde muy temprano había personas formadas listas para votar. Por supuesto, los representantes de los partidos también estaban preparados desde las ocho horas para estar a la caza de cualquier irregularidad en las que, como ya es costumbre en los medios de comunicación, se habían denominado las elecciones "más cerradas en la historia de México".

En segundo, las izquierdas tenían una elevada –y casi ciega—fe en el triunfo de su candidato. Tercero, los partidos más organizados en la vigilancia de las casillas fueron el PRI y el PAN. Cuarto, el padrón electoral tenía fallas, pero que fueron significativas ni determinantes en el resultado (ciudadanos con credencial, pero sin aparecer en el listado nominal, por ejemplo). Quinto, que al final nadie se esperaba lo que se fue tejiendo a partir de las 23 horas de ese mismo día.

En mi casilla la Alianza por el Bien de Todos ganó y por mucho. Le siguió el PAN y, más rezagado, el PRI veía cómo sus esperanzas de recuperar el poder se diluían en un impensable tercer puesto.

Con el fin de evitar cualquier sospecha de malos manejos propuse realizar un recuento "voto por voto" (antes de que esa frase se volviera un lugar común). De esta forma, concluimos alrededor de las 22 horas, pero sin que se presentasen quejas significativas por parte de los mismos (sólo el PRD interpuso un recurso por la vestimenta de los representantes del PRI).

Al término de la jornada, cansados y con hambre, fuimos a entregar el paquete electoral a la oficina del IFE ubicado en la colonia El Paraíso. En el lugar ya se podía notar la efervescencia y la ansiedad por conocer las primeras tendencias de votación. Nos despedimos, nos deseamos suerte y acudimos a nuestros hogares a esperar el mensaje nocturno del Dr. Luis Carlos Ugalde por la televisión. Y ahí comenzó la debacle…

A un año de distancia contamos con un presidente constitucional. También hay otro que se autodenomina "legítimo". La circulación sobre Paseo de la Reforma se ha normalizado y el país –al parecer—sigue sosteniéndose como lo ha hecho en los últimos siglos: a contracorriente y siempre con la amenaza del colapso a la vuelta de la esquina.

Cuando la gente se pregunta qué hubiese sucedido si López Obrador hubiese subido al poder se forma la polémica. Algunos dicen que hubiese sido un buen presidente, que hubiese gobernado apegándose a los postulados de las izquierdas y que hubiese emprendido el cambio radical del país. Otros refutan lo anterior señalando que estaríamos más cerca de lo que sucede en Cuba o en Venezuela y que, en general, estaríamos instalados en el caos y en los ajustes de cuentas a diestra y siniestra. Al final del día, esto es algo que sólo podemos suponer.

Sin embargo, lo que sí hay a un año de distancia es esa sensación de que nosotros, los ciudadanos, aún no sabemos bien a bien y con la mayor certeza qué ha sucedido no el 2 de julio de 2006, sino los días que siguieron a esa jornada electoral. La misma que, para bien o para mal, ha marcado ya el rumbo que tendrá este país en el corto plazo.

El Guardián, julio 7, 2007.

Diagnóstico municipal

Hace unos días Enrique Cabrero Mendoza, presidente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dio a conocer una serie de indicadores en los que se refleja la realidad municipal del país. Los datos presentados no son alentadores. El primer ámbito de gobierno sigue siendo, por desgracia, el más débil y el más rezagado tanto en su estructura como en su operación.

Durante la Cumbre Urbania 2007, el Dr. Cabrero señaló que, en términos generales, los gobiernos locales mexicanos "enfrentan problemas para profesionalizar a sus funcionarios, modernizar sus programas y transparentarlos" . Para sostener esta aseveración mostró algunos datos duros. Entre los más destacados están que 38 por ciento de los municipios no cuenta con un reglamento interno de administració n, 55 por ciento carece de reglamentos de obra pública y 33 por ciento no tiene reglamentos de participación ciudadana.

Aunado a lo anterior, 76 por ciento de las alcaldías (alrededor de mil 853 municipios) no tiene reglamentos sobre planeación, 21 por ciento carece de reglamentos sobre desarrollo y 70 por ciento desconoce lo que es un plan de desarrollo urbano.

En este mismo espacio he señalado que el problema no radica –en esencia—en la existencia de la normatividad, sino en su aplicación efectiva. La estéril separación de la basura y la etérea sanción a los franeleros en el Distrito Federal, por ejemplo, nos demuestran lo anterior.

Sin embargo, en el caso de los municipios lo que se nos presenta es un doble conflicto. Además de que la legalidad no tiene un peso específico en las labores cotidianas, ésta es inexistente en un número considerable de ayuntamientos. Es decir, los reglamentos no son importantes y –en ocasiones—ni siquiera existen.

Las cifras presentadas por Enrique Cabrero se agregan a una larga lista de indicadores que nos han dado fe de las precarias condiciones en las que ha navegado el municipio mexicano en los últimos años. Para ello basta recordar la Encuesta de Gestión Municipal realizada por el propio CIDE y el INEGI en 1993, así como la más reciente y completa Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institucional Municipal 2000, la cual fue levantada por el Instituto de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y el INEGI.

Ambos diagnósticos municipales coincidieron: los gobiernos locales tienen problemas respecto a la integración y funcionamiento de sus ayuntamientos, cuentan con un escaso financiamiento para la atención de sus responsabilidades y muestran serias limitaciones respecto a los recursos humanos disponibles, por mencionar sólo una parte de los mismos.

El habitante local no requiere conocer estos datos para llegar a las mismas conclusiones académicas. Su sola experiencia dentro de una comunidad le muestra con claridad cuáles son las fortalezas y las debilidades de los ayuntamientos. Cuando sale de su casa, cuando camina por sus calles, cuando solicita un servicio público o cuando enfrenta alguna contingencia sabe que algo no funciona bien.

Claro, no todo está perdido en los ayuntamientos. El CIDE, en colaboración con otras instituciones como El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de Guadalajara, realiza el Premio Gobierno y Gestión Local en la que se reconoce a los municipios que llevan a cabo proyectos innovadores para mejorar su desempeño. En este marco, cada año se renueva la esperanza de mejora en las administraciones públicas. Sin embargo, son los menos. Lo que campea con soltura en el ámbito local sigue siendo la improvisación y la ineficiencia.

¿Qué hacer para modificar este escenario? En mi opinión, antes de acudir a respuestas complejas debemos voltear la vista hacia lo básico, es decir hacia lo que cualquier persona puede hacer al menos una vez cada tres años: el voto.

En efecto, los comicios municipales deben fungir como el filtro para obtener mejores gestiones públicas. Es claro que esto no es suficiente, pero se trata de uno de esos primeros pasos indispensables dentro de una tarea de largo alcance.

Si la ciudadanía puede distinguir entre ofertas políticas sensatas y demagogia, si premia a los gobiernos que han hecho bien su trabajo y si exige a los partidos la integración de planillas con elementos capacitados, estaremos en el umbral de mejores tiempos para los alicaídos e indispensables municipios mexicanos.

El Guardián, junio 23, 2007.

Moleskine HCH (II)

He utilizado el servicio de autobuses foráneos en la ruta Ciudad de México-Huauchinango- Ciudad de México por más de 13 años. Desde los tiempos en que el pasaje costaba 24 pesos (es verdad) hasta la actualidad, cuando rebasa ya los 100 pesos el viaje sencillo. Durante todo ese intervalo he podido observar y experimentar diversas situaciones, las mismas a las que se enfrentan las personas que realizan dicho trayecto semana tras semana. El tiempo ha pasado, pero muchas de las condiciones de este servicio parece que permanecerán hasta el final de la historia.

Una de ellas es el hecho de que la ciudad no cuenta con una estación de autobuses digna y segura. Desde hace años he venido escuchando el rumor de que, ahora sí, se montará la referida central en algún terreno de los suburbios. La construcción de la autopista que unirá el tramo ya existente entre Tulancingo y la Ciudad de México, y aquel que parte de Poza Rica rumbo a Tuxpan, ha motivado que una vez más el tema se coloque en la picota.

De hecho, durante la pasada edición de la Feria de las Flores –marzo de 2007—escuché un promocional en la radio que anunciaba que ya se había construido tal obra, lo cual ha sido desmentido nada menos que por la realidad, ya que el ascenso y descenso de pasajeros se sigue realizando a un costado de la vieja carretera federal 130.

Al respecto, y como una especie de anécdota aleccionadora, uno de esos fines de semana de la LXIX Feria pude observar cómo dos coches habían sufrido un accidente en el puente San Juan. Los conductores –al parecer—perdieron el control debido al pavimento mojado y los autos terminaron sobre las escaleras de dicho paso a desnivel. Esto también puede ilustrar lo peligroso que se torna el ambiente en nuestra improvisada estación, sobre todo en época de lluvias y neblina –algo bastante común en la zona—en donde viajeros, comerciantes ambulantes, unidades de transporte de pasajeros y de carga, así como taxistas y un sinfín de curiosos convive en un reducido espacio de terreno.

Otro aspecto en el tema de los viajes entre ambas ciudades lo constituye la peculiar oferta disponible de transporte. En la actualidad existe una cantidad limitada de corridas, sobre todo si alguien desea llegar a Huauchinango desde el Distrito Federal. El último autobús de primera clase que parte desde la Central del Norte tiene horario de 20.30 horas. A partir de ese momento sólo se puede arribar a través de la segunda clase, la cual implica múltiples paradas intermedias, unidades incómodas y un riesgo más alto de ser asaltado en el trayecto.

Asimismo, el hecho de comprar un asiento numerado en la taquilla no garantiza que se pueda hacer efectivamente uso de él dentro del autobús. Dependiendo de la línea de transporte, del modelo de la unidad o del simple azar, los asientos están numerados bajo extraños criterios. Así, la ventanilla se puede ubicar en el pasillo y viceversa, o bien, al número 22 le seguirá el 34, por decir algo. A esto debe aunarse la posibilidad de que alguien más se haya aposentado con anterioridad en el lugar que has comprado y que intentar moverlo signifique entablar algún tipo de proeza bíblica (he sido testigo de varios enfrentamientos que han estado al borde de terminar en batalla campal).

No olvido también algunos puntos como la inasistencia de autobuses (sobre todo en el horario madrugador de los lunes), la impuntualidad de otros (en especial los servicios "de paso"), o bien, la experiencia de escuchar películas –escuchar porque no se pueden ver—a todo volumen, junto al reproductor de discos compactos dando a todo los éxitos gruperos del momento.

Con esto no quiero afirmar que todo el trabajo de la gente involucrada en el sector transportista de la región sea malo. No. Lo que intento es llamar la atención sobre algo que suele pasar desapercibido para muchas personas, es decir para quienes no son usuarios regulares del mismo. Los que hemos vivido la experiencia de viajar en esta ruta podemos dar un testimonio sobre lo que ahí sucede, así como los problemas a los que se enfrenta el ciudadano común.

Al respecto, siempre me ha llamado la atención la cantidad de habitantes de Huauchinango que se desplaza semanalmente a la Ciudad de México, Puebla, Pachuca u otras ciudades. Quien haya estado una madrugada de lunes en la improvisada estación sabrá a lo que me refiero: desde las 02.45 horas hasta el mediodía casi todos los autobuses parten llenos rumbo a los diferentes destinos. El reverso de la moneda lo encontramos los viernes y los sábados, cuando todos aquellos que partieron a trabajar, estudiar o pasear vuelven con los suyos. Una especie de eterno retorno y ciclo vital interminable.

Ante esto la duda es, ¿acaso no merecemos un mejor servicio todos aquellos que, semana con semana, viajamos por esa mítica ruta que abrieron los arrieros hace muchos, muchos años?

El Guardián, junio 16, 2007.

Reflexiones sobre la democracia

Definir el concepto democracia no es tarea fácil. De uso tan común, esta palabra encierra mucho más de lo que puede generar en un primer momento. Una mayoría suele utilizar el término para expresar un futuro deseable. Si somos una democracia, si somos demócratas, las cosas irán a mejor, pensamos durante muchos años. Ahora que lo somos –en algún grado—nos damos cuenta de que esto apenas es el comienzo.

En efecto, por un largo tiempo el ideal que prevalecía en la mente de muchos mexicanos era que, una vez que hubiésemos arribado a este sistema de gobierno, muchos de nuestros principales problemas y rezagos se irían eliminando casi de forma automática.

Políticos y politólogos se refirieron a esta palabra como al Grial que este país había estado buscando por siglos para aliviar sus males. Así surgieron expresiones como "transición a la democracia", "procesos de democratización" o "revolución democrática". Aunque no se sabía bien a bien qué implicaban, su utilidad fue concentrar los esfuerzos y las motivaciones en un objetivo identificable: se necesita cambiar al régimen político para volverlo democrático.

Lo anterior lo hemos logrado en una primera etapa. Existe cierto consenso entre los actores políticos y la población en general en afirmar que México es, hoy por hoy, una democracia (datos de la Tercera ENCUP realizada por la Secretaría de Gobernación arrojaron en 2005 que para 31 por ciento de los entrevistados el país sí vive en una democracia, mientras que 23 por ciento opinaron lo contrario).

Sin embargo, como en el multicitado cuento de Augusto Monterroso, después de que los mexicanos despertamos en democracia, nuestros problemas seguían allí. Los índices de pobreza no se han abatido de manera significativa, la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones y los niveles de vida de una importante porción de la gente aún no es la deseable.

Esto, sin duda, es interesante por diversas razones. Una de ellas es por el sentimiento de desgaste y desilusión que genera entre la población saber que, lo que se pensaba era la solución y por lo que se había luchado tanto, no ha dado los frutos que se esperaban en el corto y mediano plazo. Asimismo, ante esta democracia, digamos, etérea, se crean condiciones óptimas para la aparición de diversos discursos que pongan en tela de juicio su utilidad y su conveniencia. Es decir, algunos ingredientes están puestos sobre la mesa para fomentar la aparición de posiciones totalitarias o reaccionarias, las cuales pueden ir ganando simpatías en los próximos comicios.

La democracia es un sistema complejo. Quizás el más sofisticado que se haya podido elaborar durante la historia de la humanidad para gobernar. No me refiero al ideal demócrata en los antiguos, es decir en los griegos. No. Estoy pensando en la democracia de los modernos, la que implica una larga y a veces tediosa y aburrida serie de requisitos para llegar a una convivencia racional y civilizada.

Diversos analistas han señalado que lo que México está experimentando ahora una democracia electoral. Es decir, una que sólo cumple con uno de los requisitos para que este sistema funcione de manera correcta.

Ante esto la pregunta que surge es, ¿cuáles son los otros pasos necesarios para considerarnos más demócratas? Un texto clásico del politólogo norteamericano Robert Dahl (Iowa, 1915), denominado La democracia. Una guía para los ciudadanos, nos puede ayudar a resolver este cuestionamiento.

En esta obra, Dahl señala que las democracias en gran escala, es decir dentro de un Estado nacional, deben contar –al menos—con seis instituciones políticas: cargos públicos electos; elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; fuentes alternativas de información; autonomía de asociaciones, y ciudadanía inclusiva.

La primera se refiere a la necesidad de contar con representantes electos confiables. Ante la dificultad que implica que todo el pueblo pueda participar en política (por su número y su dispersión dentro de un país), el aspecto crucial se centra en estos personajes, los cuales se agrupan en órganos colegiados de decisión como los congresos y los parlamentos. La segunda, aunque se puede explicar por sí misma, enfatiza la importancia del voto como representació n de la igualdad dentro de una sociedad, así como de la relevancia de contar con comicios transparentes y confiables para elegir a los representantes.

La libertad de expresión y las fuentes alternativas de información se vinculan con la creación de una "comprensión ilustrada" en la población. La democracia es un sistema en el que se exige mucho más a los ciudadanos, por lo que su participación requiere de ciertas destrezas y habilidades que pasan por una mínima capacidad de análisis.

La quinta institución también es definitiva: se refiere a la formación de ciertas asociaciones por las cuales se accede al poder (como los partidos políticos), así como de otras que tratan de influir en el mismo (como los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, entre otras).

Finalmente, el concepto de ciudadanía inclusiva resume las cinco condiciones previas al garantizar a la población su derecho a votar, a concurrir a puestos de elección popular, a escuchar y ser escuchado, a participar en asociaciones políticas y a tener diversas opciones de información, entre otras.

Como podemos observar, el asunto de la democracia no es tan sencillo como aparenta ser en un primer momento. Lo importante es tener en consideración que, ante todo, se trata de un ideal que nunca será un fin acabado. Por lo anterior, que el camino por andar es largo, muy largo. Tal y como vamos descubriéndolo.

El Guardián, junio 9, 2007.

Moleskine HCH (I)

Una cosa llama mi atención mientras camino por las calles de Huauchinango: el número de motocicletas que circulan a diestra y siniestra a cualquier hora del día. Algo novedoso, sin duda. Hasta hace apenas unos años la opción frente al uso del coche y al simple y llano acto de caminar era acudir a la bicicleta. De hecho, expresiones como "pueblo bicicletero" se usaban de manera peyorativa para demostrar el atraso en determinados municipios. Sin embargo, por alguna extraña razón, repito, lo de hoy ya no es ser "bicicleteros" sino "motorizados".

El punto aquí radica, como en la mayoría de las actividades humanas, en la intervención que la administración pública tiene sobre el asunto en términos de su regulación y su ordenamiento (recordemos que ésta tiene inferencia en casi todas las fases de la existencia de la gente, por ejemplo, desde la cuna hasta la sepultura a través del trabajo de las oficinas del Registro Civil).

Durante un viaje a Madrid pude comprobar que el uso de este medio de transporte –las motocicletas— representa una alternativa real frente al automóvil y el transporte público. Las razones varían, pero pueden agruparse en a) los menores costos que representa hacerse de una, b) la facilidad que otorga para desplazarse entre el tráfico, c) la solución que implica en términos de aparcamiento y d) al hecho mismo de considerar a la moto como algo fashion (su expansión por imitación).

De hecho, de un tiempo a esta parte, en la Ciudad de México también ha sido notable el incremento de su uso. De manera paralela a la campaña lanzada por el Jefe de Gobierno, Marcelo Luis Ebrard, relativa a la obligación de los funcionarios locales de utilizar al menos una vez al mes la bicicleta para llegar a sus centros de trabajo, una porción creciente de la población está viendo a la motocicleta como un vehículo más eficiente en términos de costos y tiempos.

Eso está muy bien, en general. Sin embargo, como he señalado líneas arriba, este fenómeno no debe pasar sin que las autoridades intervengan en el mismo. ¿A qué me refiero con esto? A la necesidad de regularlo. Veamos.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente en el Distrito Federal, los conductores de bicicletas, bicicletas adaptadas, triciclos, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas y motocicletas tienen las siguientes obligaciones: circular por el carril de la extrema derecha, utilizar sólo un carril de circulación, circular en todo tiempo con las luces encendidas, usar casco y gafas protectoras, entre otras.

Asimismo, tienen prohibido circular en contra flujo o en sentido contrario, transitar sobre las banquetas, transitar dos o más de estos vehículos en posición paralela, asirse o sujetarse a otros vehículos y llevar carga que dificulte su visibilidad y equilibrio (Capítulo III, Artículo 86, Reglamento de Tránsito del Distrito Federal).

Por supuesto, sabemos que en muchos casos esto es sólo letra muerta, ya sea porque nuestros muy mexicanos usos y costumbres nos han determinado una relación económica con la legalidad, o bien, porque no existe la infraestructura mínima necesaria para aplicar esta reglamentación. Sin embargo, el hecho de que no se aplique no significa que no se deba acatar.

¿Por qué he mencionado lo anterior? Porque durante esas mismas caminatas por Huauchinango lo que he visto es que la mayor parte de los ocupantes de las motocicletas son jóvenes (muy jóvenes), los cuales circulan sin protección, sin la matrícula correspondiente y trepados unos encima de otros a velocidades inapropiadas.

Algunos dirán, hombre, qué exagerado. De acuerdo. Pero recordemos que la obligación de la administració n pública es establecer un marco que prevenga los riesgos y trate de reducir al mínimo la aparición de accidentes.

Entonces, mi sugerencia es que el uso de estos vehículos automotores no se tome a la ligera y se establezcan medidas más estrictas. Es decir, que se implementen políticas de emplacamiento, de emisión de permisos y/o tarjetas de circulación, de revisión de las condiciones en las que estos jóvenes hacen uso de los mismos, así como de la responsabilidad de sus padres en el asunto.

La seguridad de los chicos es lo que está en juego. Y en eso no deben escatimarse recursos ni esfuerzos.

El Guardián, junio 2, 2007.