Durante la Cumbre Urbania 2007, el Dr. Cabrero señaló que, en términos generales, los gobiernos locales mexicanos "enfrentan problemas para profesionalizar a sus funcionarios, modernizar sus programas y transparentarlos" . Para sostener esta aseveración mostró algunos datos duros. Entre los más destacados están que 38 por ciento de los municipios no cuenta con un reglamento interno de administració n, 55 por ciento carece de reglamentos de obra pública y 33 por ciento no tiene reglamentos de participación ciudadana.
Aunado a lo anterior, 76 por ciento de las alcaldías (alrededor de mil 853 municipios) no tiene reglamentos sobre planeación, 21 por ciento carece de reglamentos sobre desarrollo y 70 por ciento desconoce lo que es un plan de desarrollo urbano.
En este mismo espacio he señalado que el problema no radica –en esencia—en la existencia de la normatividad, sino en su aplicación efectiva. La estéril separación de la basura y la etérea sanción a los franeleros en el Distrito Federal, por ejemplo, nos demuestran lo anterior.
Sin embargo, en el caso de los municipios lo que se nos presenta es un doble conflicto. Además de que la legalidad no tiene un peso específico en las labores cotidianas, ésta es inexistente en un número considerable de ayuntamientos. Es decir, los reglamentos no son importantes y –en ocasiones—ni siquiera existen.
Las cifras presentadas por Enrique Cabrero se agregan a una larga lista de indicadores que nos han dado fe de las precarias condiciones en las que ha navegado el municipio mexicano en los últimos años. Para ello basta recordar la Encuesta de Gestión Municipal realizada por el propio CIDE y el INEGI en 1993, así como la más reciente y completa Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institucional Municipal 2000, la cual fue levantada por el Instituto de Desarrollo Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y el INEGI.
Ambos diagnósticos municipales coincidieron: los gobiernos locales tienen problemas respecto a la integración y funcionamiento de sus ayuntamientos, cuentan con un escaso financiamiento para la atención de sus responsabilidades y muestran serias limitaciones respecto a los recursos humanos disponibles, por mencionar sólo una parte de los mismos.
El habitante local no requiere conocer estos datos para llegar a las mismas conclusiones académicas. Su sola experiencia dentro de una comunidad le muestra con claridad cuáles son las fortalezas y las debilidades de los ayuntamientos. Cuando sale de su casa, cuando camina por sus calles, cuando solicita un servicio público o cuando enfrenta alguna contingencia sabe que algo no funciona bien.
Claro, no todo está perdido en los ayuntamientos. El CIDE, en colaboración con otras instituciones como El Colegio de la Frontera Norte y la Universidad de Guadalajara, realiza el Premio Gobierno y Gestión Local en la que se reconoce a los municipios que llevan a cabo proyectos innovadores para mejorar su desempeño. En este marco, cada año se renueva la esperanza de mejora en las administraciones públicas. Sin embargo, son los menos. Lo que campea con soltura en el ámbito local sigue siendo la improvisación y la ineficiencia.
¿Qué hacer para modificar este escenario? En mi opinión, antes de acudir a respuestas complejas debemos voltear la vista hacia lo básico, es decir hacia lo que cualquier persona puede hacer al menos una vez cada tres años: el voto.
En efecto, los comicios municipales deben fungir como el filtro para obtener mejores gestiones públicas. Es claro que esto no es suficiente, pero se trata de uno de esos primeros pasos indispensables dentro de una tarea de largo alcance.
Si la ciudadanía puede distinguir entre ofertas políticas sensatas y demagogia, si premia a los gobiernos que han hecho bien su trabajo y si exige a los partidos la integración de planillas con elementos capacitados, estaremos en el umbral de mejores tiempos para los alicaídos e indispensables municipios mexicanos.
El Guardián, junio 23, 2007.
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