Las primeras acciones que la actual administració n ha llevado a cabo han sido relativamente exitosas. De estas, dos deben subrayarse. Primero, la toma de protesta en San Lázaro permitió blindar a la investidura presidencial de cualquier ataque malintencionado (por ejemplo, al hecho de impedir la toma de protesta en el Congreso para después acusarlo de haber violado la Constitución) . Segundo, los operativos militarizados en el estado de Michoacán y en el municipio de Tijuana, BC., han sido calificados por la sociedad y los medios como aventurados, pero necesarios.
Detengámonos en el segundo punto para analizar lo que he señalado líneas arriba, es decir a la necesidad de andar con pies de plomo en el ejercicio de la política.
De acuerdo a lo observado en estos primeros 40 días de gobierno, una de las prioridades ha sido la seguridad pública mediante el combate al crimen organizado apoyado –principalmente— en las fuerzas armadas. Esta situación ha sido motivada por los niveles ya francamente fuera de control que se vivieron en algunos estados al final de la administració n de Vicente Fox. Las noticias e imágenes sobre ejecuciones, levantamientos y decapitaciones han creado un clima de zozobra que amenaza con deteriorar el tejido social.
De esta forma, existe consenso en que uno de los primeros objetivos de la actual administración deba ser recuperar la presencia del Estado en aquellos sitios en los que la ha perdido. Los estados modernos basan su razón de ser en proporcionar seguridad tanto a sus habitantes como a sus pertenencias. Por lo anterior, no ha sido una sorpresa que se estén llevando a cabo estas acciones debido a que la propia existencia y el respeto del Estado mexicano va en ello.
En algunos sectores de la sociedad esta medida ha sido cuestionada, sobre todo frente a la disminución de recursos que ha implicado en otros rubros del presupuesto, por ejemplo, en la educación y la cultura. Al respecto, el profesor del CIDE Jorge Chabat se pregunta, "si usted vive en un edificio cuyos vecinos han sido asaltados en varias ocasiones, ¿qué haría? Es probable que comprar la nueva chapa. Y no es que la cultura o la educación no sean importantes. Es sencillamente que la seguridad es más urgente" (El Universal, enero 5, 2007).
Por otra parte, debe notarse que el éxito de estos operativos no ha consistido en arrancar de raíz el problema, sino en otorgar mayores márgenes de movilidad para afrontarlos. Es decir, la "guerra" no se podrá ganar, pero sí administrar, lo cual ya es bastante. Pero otro indicador que muestra que ha sido una acción acertada es la petición que varios gobiernos estatales y municipales han hecho para instaurar los mismos dentro de sus jurisdicciones. Esto nos habla de la urgencia que esta actividad requiere en algunas zonas del país.
Sin embargo, aquí es donde debe aplicarse esa máxima de los pies de plomo. Los operativos han disminuido la inseguridad, han retomado para el Estado algunas áreas de control estratégicas, han enviado un mensaje a la sociedad de que algo se está haciendo y han otorgado un cierto liderazgo al Ejecutivo Federal con respecto a sus homólogos estatales. De acuerdo. Pero el camino por el que se ha optado transitar también implica algunas consideraciones que se deben contemplar. Veamos.
La utilización de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico ha sido un campo poco explorado. El número de trabajos académicos que den cuenta sobre las actividades del mismo en contra del tráfico ilícito de estupefacientes es escaso.
Una de las investigaciones que han documentado lo anterior y que nos permite establecer algunas reflexiones es la excelente tesis de licenciatura de Adolfo García Estrada (Las fuerzas armadas y la lucha contra el narcotráfico en México y Estados Unidos, 1982-1997, México, El Colegio de México, 1998). A partir del análisis de la participación del Ejército en la "guerra" contra el narcotráfico durante las administraciones de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se establece la hipótesis de que la militarizació n de la lucha antinarcóticos traerá más problemas de los que puede resolver porque resulta incierta la pertinencia de a) dar un perfil más alto a los militares y b) exponerlos a la corrupción que genera el tráfico de drogas.
Por su parte, el politólogo norteamericano Roderic Ai Camp ha señalado que el principal campo de interacción entre las fuerzas armadas y el poder político en los últimos sexenios ha sido el combate al narcotráfico, así como que este involucramiento en la lucha antinarcóticos ha trastocado el equilibrio civiles-militares en México (Generals in the Palacio, Oxford, Oxford University Press, 1992).
Así las cosas, nos enfrentamos a una paradoja. Tenemos un problema serio y urgente que requiere, sin duda, de la intervención de uno de los pocos organismos con la suficiente fuerza y legitimidad del país. Pero, por otro lado, echar mano de este recurso implica una mesura y una planeación delicada para no dañar ni al Ejército ni al Estado mexicano.
Frente al relativo éxito de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno y la petición de incrementar los operativos en diversas zonas del país, lo recomendable es andarse con pies de plomo en esta faceta del ejercicio de gobierno.
El Guardián, enero 13, 2007.
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