Bajo esta modalidad nos hemos enterado de algunos tópicos que, en estricto sentido, integrarían eso que suele denominarse como ámbito de lo privado aunque estén vinculados a asuntos públicos. Conversaciones, discusiones, pláticas, reuniones. Todo parece ser susceptible de integrarse a un VHS, un DVD o a un archivo mp3. Gracias a la magia de la tecnología ahora podemos tener una ligera idea de aquello que se rumoraba o que se creía que ocurría tras bambalinas, pero que muy pocos tenían pruebas contundentes para afirmarlo o negarlo. Así, no sólo nos hemos memorizado los diálogos de los multicitados poblanos, los cuales, por cierto, han enriquecido el catálogo de frases clásicas con las cuales se aderezan las relaciones interpersonales. El asunto ha ido más allá.
Por medio de esta vigorosa disciplina hemos podido escuchar los diálogos desde la cárcel entre Raúl Salinas y su hermana Adriana, justo en uno de los momentos de mayor actividad del ex presidente Carlos Salinas al término de la administración de Ernesto Zedillo. También, las supuestas conversaciones sostenidas entre la maestra Elba Esther Gordillo y el ex canciller Jorge Castañeda. Las llamadas telefónicas sostenidas entre algunos legisladores federales y los cabilderos de la empresa Televisa con el fin de aprobar las reformas a la Ley de Comunicaciones. Y, claro, hemos visto cómo un millón de dólares no cabe en un portafolios de tamaño promedio. Pero no sólo ellos. A principios de 2003 se dieron a conocer unos audios en los que se intentaba dejar constancia de los turbios manejos y corrupción existentes dentro del arbitraje de la liga de fútbol mexicano, en los cuales se involucró a gente como Felipe Ramos Rizo y Edgardo Codesal.
Pero, ante esto, ¿qué queda? Sin duda, el tema posee las dos vertientes clásicas: una positiva y una negativa. La primera es que, pese a todo, la exhibición de este tipo de materiales ha transparentado –de manera sui generis, pero transparentado al final del día—la vida pública mexicana. El hecho de que existan este tipo de conversaciones no ha sido exclusivo de los últimos tiempos. Diversos autores han mencionado que sería inagotable la información disponible si se hubiesen grabado todos los pormenores del antiguo régimen. El punto es que ahora, al existir la posibilidad de que cualquiera pueda ser observado y balconeado (por decir algo), se ha creado un candado de facto para evitar posibles actos de corrupción. En efecto, la sensación de que todo es susceptible de ser registrado ha obligado a no repetir este tipo de comportamientos, o bien, a ser más cuidadosos con el fin de no dejar ninguna huella de los mismos.
La segunda es que este material multimedia no ha dejado de ser ilegal. El denominador de la mayoría ha sido la inexistencia de algún mandato judicial previo que permita la intervención de líneas telefónicas con la finalidad de explorar comportamientos presumiblemente dolosos. Al contrario, la mayoría han sido preparados en la oscuridad y entregados a las redacciones por medio de enviados anónimos. Algo que nos hace a todos vulnerables y que limita nuestro legítimo derecho a la privacidad.
Cualquier persona podría pensar en un solo actor político con la suficiente capacidad para realizar este tipo de actos: el Estado y sus cuerpos de seguridad. Sin embargo, lo preocupante es que, a estas alturas, parece que el montaje de todos los aparatos necesarios para el espionaje lo puede hacer cualquier persona interesada y con cierta solvencia de recursos. Algo que agrega un punto negativo al hecho, ya que esta atribución del Estado está siendo compartida por algunos particulares con diversos intereses, generando una pérdida de control –o tolerancia al hecho—por parte de las autoridades.
Sin embargo, una de las consecuencias más notorias es el desencanto que esto ha generado entre la población. Como he mencionado al inicio, los mexicanos nos estamos acostumbrando a este tipo de espectáculos programados con cierta regularidad. En algunas ocasiones la exclusiva le ha correspondido a Víctor Trujillo (personaje que se había convertido en el preferido de los maquiladores de esta clase de materiales), otras a La Jornada, otras a El Universal, otros a Carmen Aristegui. Para todos hay.
Pero, ¿y qué sucede después? Al parecer, no gran cosa. No ha sido la constante que esta clase de actos tengan consecuencias legales en contra de los presuntos implicados. Pero tampoco suele investigarse y castigarse a quienes violan la intimidad de las personas y filtran estos materiales a los medios. Así, el resultado se refleja directamente en la población: a más multimediaescándalos, mayor desconfianza y hartazgo de la política y sus protagonistas. Algo que, evidentemente, no arroja beneficios más que a unos cuantos.
El Guardián, marzo 11, 2006.
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