El punto aquí radica, como en la mayoría de las actividades humanas, en la intervención que la administración pública tiene sobre el asunto en términos de su regulación y su ordenamiento (recordemos que ésta tiene inferencia en casi todas las fases de la existencia de la gente, por ejemplo, desde la cuna hasta la sepultura a través del trabajo de las oficinas del Registro Civil).
Durante un viaje a Madrid pude comprobar que el uso de este medio de transporte –las motocicletas— representa una alternativa real frente al automóvil y el transporte público. Las razones varían, pero pueden agruparse en a) los menores costos que representa hacerse de una, b) la facilidad que otorga para desplazarse entre el tráfico, c) la solución que implica en términos de aparcamiento y d) al hecho mismo de considerar a la moto como algo fashion (su expansión por imitación).
De hecho, de un tiempo a esta parte, en la Ciudad de México también ha sido notable el incremento de su uso. De manera paralela a la campaña lanzada por el Jefe de Gobierno, Marcelo Luis Ebrard, relativa a la obligación de los funcionarios locales de utilizar al menos una vez al mes la bicicleta para llegar a sus centros de trabajo, una porción creciente de la población está viendo a la motocicleta como un vehículo más eficiente en términos de costos y tiempos.
Eso está muy bien, en general. Sin embargo, como he señalado líneas arriba, este fenómeno no debe pasar sin que las autoridades intervengan en el mismo. ¿A qué me refiero con esto? A la necesidad de regularlo. Veamos.
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente en el Distrito Federal, los conductores de bicicletas, bicicletas adaptadas, triciclos, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas y motocicletas tienen las siguientes obligaciones: circular por el carril de la extrema derecha, utilizar sólo un carril de circulación, circular en todo tiempo con las luces encendidas, usar casco y gafas protectoras, entre otras.
Asimismo, tienen prohibido circular en contra flujo o en sentido contrario, transitar sobre las banquetas, transitar dos o más de estos vehículos en posición paralela, asirse o sujetarse a otros vehículos y llevar carga que dificulte su visibilidad y equilibrio (Capítulo III, Artículo 86, Reglamento de Tránsito del Distrito Federal).
Por supuesto, sabemos que en muchos casos esto es sólo letra muerta, ya sea porque nuestros muy mexicanos usos y costumbres nos han determinado una relación económica con la legalidad, o bien, porque no existe la infraestructura mínima necesaria para aplicar esta reglamentación. Sin embargo, el hecho de que no se aplique no significa que no se deba acatar.
¿Por qué he mencionado lo anterior? Porque durante esas mismas caminatas por Huauchinango lo que he visto es que la mayor parte de los ocupantes de las motocicletas son jóvenes (muy jóvenes), los cuales circulan sin protección, sin la matrícula correspondiente y trepados unos encima de otros a velocidades inapropiadas.
Algunos dirán, hombre, qué exagerado. De acuerdo. Pero recordemos que la obligación de la administració n pública es establecer un marco que prevenga los riesgos y trate de reducir al mínimo la aparición de accidentes.
Entonces, mi sugerencia es que el uso de estos vehículos automotores no se tome a la ligera y se establezcan medidas más estrictas. Es decir, que se implementen políticas de emplacamiento, de emisión de permisos y/o tarjetas de circulación, de revisión de las condiciones en las que estos jóvenes hacen uso de los mismos, así como de la responsabilidad de sus padres en el asunto.
La seguridad de los chicos es lo que está en juego. Y en eso no deben escatimarse recursos ni esfuerzos.
El Guardián, junio 2, 2007.
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