En el país el problema se ha extendido considerablemente en los últimos años. Si los mercados sobre ruedas y los tianguis eran parte de nuestra idiosincrasia y escenografía cotidiana, en la actualidad se han asimilado como uno más de nuestros inacabables usos y costumbres. El comerciante callejero no sólo se ha instalado ya como un referente del paisaje urbano, ahora también define los horarios de convivencia, las rutas de tránsito, los hábitos de consumo y la agenda política de las administraciones públicas.
La mayoría hemos adquirido algo con ellos en algún momento. Es probable que ningún hogar esté libre de la presencia de un artículo comprado en la informalidad de la calle. No importa que sólo sea un disco compacto, una prenda o la caja de herramientas. En ocasiones esto se ha convertido en inevitable por razones tan sencillas y contundentes como el precio y la disponibilidad. ¿A quién se puede culpar de este fenómeno?
Las razones por las que se ha disparado este problema en las ciudades mexicanas se han mencionado en un sinnúmero de ocasiones, pero no está por demás repasarlas. En primer lugar, el desempleo. Esta actividad –junto a la migración hacia Estados Unidos—ha representado una válvula de escape ante la carencia de empleos formales. En segundo, los ingresos económicos. Dentro del ambulantaje, aunque las ganancias tengan una alta dosis de inestabilidad, en última instancia dependen del empuje personal, lo cual otorga la sensación de ascenso. Tercero, la flexibilidad. Es casi un hecho que cualquiera que desee incorporarse al sector lo puede realizar. No se tiene un jefe ni un horario establecido y es muy probable que se encuentre un pedazo de calle para montar el negocio.
El sector informal es fuerte. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de 1995 a 2003 el número de vendedores ambulantes aumentó 53 por ciento, llegando a 1.6 millones de personas. En el año 2002 este sector produjo el equivalente a 85 por ciento de toda la producción manufacturera y más del triple de los sectores agropecuario, silvícola y pesquero. En oposición, el sector informal es conflictivo. Donde se desarrolla esta actividad se genera contaminación e inseguridad. Los ambulantes obstruyen la vialidad, bloquean las calles y son caldo de cultivo para problemas políticos mayores.
En Huauchinango el asunto ha llegado a un extremo. Cualquiera que visite el centro de la ciudad se dará cuenta de que la situación es casi intolerable y exige actuar en consecuencia. No se puede caminar, los coches no avanzan y, en general, la convivencia está cercana al colapso. La escenografía se ha tergiversado en un paisaje anárquico, sucio, desordenado y caótico. Si la imagen urbana es un referente de lo que son los gobiernos y los habitantes, en Huauchinango estamos tocando fondo.
Existe un consenso amplio de que esto no puede permanecer así. Sin embargo, una de las características que rodea a este fenómeno en el caso particular de la ciudad es la confusión. Con esto me refiero a que la información sobre el problema, la que ayudaría a comprender el tema y mejorar la toma de decisiones, es escasa o simplemente inexistente. Se ha mencionado que los ambulantes ya tienen un espacio alternativo al cual deben desplazarse, pero estos argumentan que ese sitio, la eterna y multicitada explanada de Cinco de Mayo, no tiene una situación jurídica estable y aún no cuenta con los servicios mínimos para ejercer como tal. Autoridades públicas y líderes gremiales dan sus propias versiones del problema. ¿A quién creerle? Los ciudadanos no tenemos la información suficiente –y si la hay, no es del todo fiable—para tomar una posición al respecto. Lo único real es que el centro de Huauchinango es un caos y que esto no puede seguir así más tiempo.
Un planteamiento basado en el sentido común sugiere establecer mesas de negociación entre ambas partes para lograr –en los mejores términos—el objetivo de la reubicación. El Ayuntamiento debe ofrecer opciones reales a los ambulantes, no sólo planchas de cemento en el despoblado o promesas a futuro. Los ambulantes deben entender que las calles no son suyas. El diálogo será largo y desgastante, en efecto, pero deben agotarse todas las posibilidades de solución pacífica y racional. Asimismo, no debe perderse de vista que las autoridades electas cuentan, al final del día, con el poder de la fuerza pública para hacer cumplir la ley y garantizar el orden. El punto está en no olvidar que lo que se busca es solucionar un problema público. El gobierno local debe ofrecer gobernabilidad, los ambulantes encontrar espacios regulados para ejercer su actividad y la gente contar con la posibilidad de seguir adquiriendo los artículos que necesita. ¿Fácil? Claro que no. Pero nadie ha dicho que el ejercicio de gobernar sea un campo de rosas.
El comercio ambulante es uno de esos asuntos públicos que exigen racionalidad y mesura al momento de su análisis y solución. No hay un culpable definido y todos los actores involucrados –autoridades, comerciantes y población en general—poseen una cuota de responsabilidad. El problema, como otros, no se resolverá de forma tajante en el mediano plazo. Las condiciones económicas hacen prever que su auge continuará. Sin embargo, estos argumentos realistas no deben significar una exoneración de facto hacia el fenómeno, ya que afecta la vida de todos en algún grado. Puedo comprar barato y cerca de mi casa, sí, pero no puedo salir de ésta.
Debemos estar pendientes de la evolución de este conflicto.
El Guardián, diciembre 24, 2005.
No hay comentarios:
Publicar un comentario