Se ha referido a los medios de comunicación, en especial a los electrónicos, los cuales emprendieron una inusual ofensiva para echar abajo –o al menos retrasar—la discusión de los cambios a las reglas del juego comicial en el país.
En efecto, a partir de ese día la Cámara Alta ha establecido que se reduce en 50 por ciento el costo de la campaña presidencial, que ni los partidos políticos ni terceras personas podrán contratar propaganda en radio y televisión, que se dispondrá de los tiempos de Estado (tiempos oficiales) para la difusión de propaganda partidista, que el IFE administrará y distribuirá estos tiempos entre los partidos y que se prohíbe la "campaña negra" o la denigración de los adversarios en la fase previa a los comicios, entre otros aspectos.
Todo esto se resume en un ahorro de aproximadamente 3 mil millones de pesos al erario público, de los cuales los medios solían llevarse una buena tajada cada vez que los ciudadanos éramos convocados a las urnas.
Si se reflexiona con buena fe se dará un voto de confianza a las razones esgrimidas por los propietarios y los voceros de las principales cadenas de comunicación para oponerse a lo anterior. Es decir, estaríamos de acuerdo en poner por delante el derecho a la libertad de expresión, la libre competencia y la rendición de cuentas. ¿Quién podría negarse a tales cosas? Sin embargo, como bien sabemos, la política se rige por otro sistema de valores.
Entonces, la suspicacia nos dice que el origen de esta movilización, expresada en transmisiones en cadena nacional, participación directa en las reuniones legislativas y en el montaje de mesas de discusión y análisis, se debe a que una importante fuente de recursos financieros se está cerrando para los consorcios mediáticos.
Los que creemos en el Estado y en las instituciones celebramos la reforma y la posición adoptada por los legisladores federales. Sin embargo, lo ocurrido la semana que concluye también habrá que abordarlo con mesura. El debate no debe plantearse como algo maniqueo, es decir como una confrontación entre los buenos (los senadores) y los malos (los medios). No. Lo que hemos observado ha sido una lucha de poder aderezada con el explosivo ingrediente del dinero.
¿Qué es el poder? De acuerdo con Max Weber, este término debe entenderse como la probabilidad de que un actor político, dentro de una relación social, esté en posición de ejercer su voluntad a pesar de la resistencia que se le puede presentar.
Lo anterior se ha visto reflejado en la cada vez más influyente posición que los medios han tenido en la política. Basados en la necesidad de aparecer en sus espacios, algunos de ellos han dejado de ser la arena de debate de los asuntos públicos para erigirse en los verdaderos electores. Esto, de manera obvia, ha calado en el ánimo de los políticos (y también de la ciudadanía), quienes muchas veces han tenido que doblegarse ante los primeros para lograr sus objetivos. Una relación que ha dado muestras de su riesgoso potencial hace apenas un año.
Por esta razón, lo que se debe destacar es la posición que han adoptado los senadores en este tema específico. Quizás de manera circunstancial, sí, pero a final de cuentas con destellos de estadistas. Me refiero a que, más allá de que los medios son "el cuarto poder", no debe olvidarse que el Estado reclama para sí uno de los tres primeros, el poder político.
No deja de ser curioso que, frente a los sistemáticos exhortos que los medios han hecho a los legisladores para trabajar por el país y olvidarse de posiciones partidistas, ellos mismos hayan sido el detonador para que las tres principales fuerzas políticas actuaran de manera conjunta y coordinada, al menos por una vez en un tema concreto.
Sin embargo, faltan muchas cosas por cambiar. Una de ella es, precisamente, la manera en la que trabaja el lugar donde se ejerce la soberanía. Ahora el Congreso ha dado muestras de cohesión y acuerdos. Pero, ¿cuántas veces no hemos observado lo opuesto? De hecho, la remoción de los consejeros del IFE tiene un tufillo a ajuste de cuentas. Como bien ha señalado Luis Aguilar, existe el riesgo de pasar del presidencialismo al congresismo, del poder unipersonal al poder multitudinario sin contrapesos efectivos. En el mediano plazo también hace falta una reforma a los propios reformadores.
Por el momento ha sido provechoso que las reglas electorales se reformulen. Es difícil creer que el país pueda soportar otros comicios como los del año pasado.
El Guardián, septiembre 15, 2007.
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