Ahora se trata de la versión revisitada de un viejo tema: el ambulantaje versus la autoridad electa. Nada nuevo entre la niebla. Sobre todo si pensamos que este problema es una marca registrada de casi todas las ciudades mexicanas. Como he mencionado en un editorial pasado, el comercio informal es un signo de nuestros tiempos. Es poco probable encontrar una zona urbana que no tenga –al menos—un comerciante de esta naturaleza. La explicación es hasta cierto punto sencilla: la nuestra es una sociedad pobre que encuentra en esta práctica una válvula de escape al desempleo y la carencia de poder adquisitivo. Si a esto le sumamos que las personas que se dedican a esta actividad son altamente proclives a convertirse en grupos de presión política, y que las administraciones públicas no poseen aún la fórmula efectiva para abordar el problema, tenemos los ingredientes suficientes para generar un cóctel explosivo.
En Huauchinango el asunto se ha disparado de manera reciente, a pesar de que lo hemos experimentado por años. Desde que tenemos uso de razón hemos visto y convivido con el tianguis sabatino. En nuestra información genética está bien documentada la creencia de que un fin de semana no se puede concebir sin calles coloreadas de mantas, sin empujones al ritmo de la cumbia, sin reencuentros producidos en medio de calzones rojos y guajolotes adormecidos. Poco a poco nos hemos ido convenciendo de que ciertos espacios públicos también sirven para ejercer el comercio. Pensemos, por ejemplo, en las escalinatas de Mina, en el interior del parque central o en el propio Ayuntamiento, donde alguna vez existió un local de helados. La oferta ha sido amplia y, al parecer, inagotable. De la compra-venta de chiles y tomates criollos a la renta de tumblings sólo nos separan unos cuantos usos y costumbres. Nada que la repetición y la costumbre no hayan podido ayudarnos a asimilar.
Pero, ahora, el conflicto ha escalado a un nuevo nivel. Por primera vez se ha cerrado el tianguis. Policías y granaderos se apostaron en las esquinas de la ciudad. Una nueva escenografía en la que, al parecer, existen dos bandos definidos: los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los legales y los ilegales. Cada uno tiene su propia versión de los hechos y, por supuesto, la defiende a ultranza. Los discursos se desempolvan, pero no se modifican en lo esencial: a) es necesaria la reubicación, b) no existen condiciones para ocupar la explanada de Cinco de Mayo. De nuevo la pregunta es, ¿a quién creer?
De acuerdo a la información disponible en los medios locales y estatales, los comerciantes ambulantes piden posponer el traslado del tianguis hasta que la multicitada explanada cuente con la infraestructura básica. En contraste, el Ayuntamiento afirma que no hay marcha atrás. Los intentos de negociación han sido estériles. El conflicto permanece, la sociedad se polariza y se anuncian nuevas acciones a realizar.
Lo anterior produce algunas consideraciones. En primer término, este problema no se resolverá con la imposición de la voluntad de sólo una de las partes. La experiencia lo ha demostrado. Debe existir un acuerdo mínimo para proceder. La mano dura puede ser efectiva en el corto plazo, pero no dispersará el polvorín. Ni los ambulantes pueden aferrarse a la idea de posponer de manera indefinida su reubicación, ni las autoridades pueden apostar su actuación al todo o nada. Estamos frente a un típico ejemplo de juego suma cero: todo lo que gana uno lo pierde el otro. Bajo esta lógica, el nivel de riesgo irá en aumento. Nadie puede garantizar que de las palabras y las amenazas no se pase a los hechos.
En segundo, las autoridades locales están rebasadas. El ejercicio de gobernar no es fácil, claro. Exige una combinación de capacidades académicas con destrezas empíricas. Pero, este tema nos remite a otra vieja pregunta: ¿quiénes tienen los méritos suficientes para encabezar una comunidad? Este debate ha sido pospuesto por años en el país. Antes no era necesario cuestionarse por qué tal o cual personas ocupaban los cargos públicos. Simplemente sucedía y ya. Ahora, con las rachas de democratización que hemos experimentado existe una mayor preocupación sobre quiénes son los más aptos para gobernar. No se trata sólo de decir ahora te toca a ti, con esto mantenemos el control en el pueblo, así comienzas tu carrera política. No. Si las cosas fuesen fáciles, cualquiera las haría. Algo que se potencia radicalmente dentro del gobierno y la administración pública.
Al ser un problema público no sólo nos debe interesar observar su desarrollo de manera pasiva. En mayor o menor grado a todos nos afecta el conflicto desatado en estos días. Unos no pueden vender, otros no pueden comprar. Huauchinango se divide peligrosamente en dos bandos, en dos castas, en dos clases sociales. Entonces, lo mejor es pensar qué se podría hacer para destrabar la cuestión. Sin duda, la opción es continuar las negociaciones entre las partes involucradas. Sin embargo, sería conveniente incorporar a un tercer actor. Una parte imparcial que diera legitimidad a los acuerdos que deben adoptarse. Me refiero a alguna comisión ciudadana, alguna autoridad estatal o ambas. La idea es que las pláticas entre los integrantes del Ayuntamiento y las asociaciones de ambulantes estén validadas por la presencia de un tercer actor imparcial. Con ello se tendrían mayores grados de certeza sobre las condiciones reales de la explanada, sobre quiénes son los dueños de los espacios que se piensan vender a los comerciantes, sobre las dimensiones y los costos de los mismos, así como sobre la fecha concreta de la reubicación, entre otros temas. En suma, un elemento que inyectara confiabilidad al proceso.
La recomendación es la misma que en diciembre: debemos estar pendientes de la evolución de este conflicto.
El Guardián, enero 28, 2006.
No hay comentarios:
Publicar un comentario