Para iniciar, el diario La Jornada dio a conocer el contenido de una serie de conversaciones realizadas entre el empresario textil poblano Kamel Nacif y diversos personajes de la entidad relacionados con la detención y aprehensión de la periodista Lydia Cacho. Como la mayoría de la población ha escuchado en los medios estatales y nacionales, el punto a destacar de estas grabaciones ilegales y entregadas a la redacción del diario de manera anónima, ha sido la presencia de fuertes indicios de delitos especialmente graves como el abuso de autoridad y el tráfico de influencias. Lo peor es que involucran al Ejecutivo del estado en una acción que, al parecer, se diseñó para que los periodistas escarmienten en cabeza ajena y no se sientan “Dios en el poder”, ya que, a final de cuentas, en México la gente “ni lee nada”.
Unas horas antes, durante la madrugada de San Valentín, tuvo lugar un violento enfrentamiento entre militantes panistas y policías estatales en Atitalaquia, Hidalgo. La razón, el desalojo de los manifestantes de la plaza del Ayuntamiento de la localidad, los cuales protestaban el resultado de las municipales más recientes. Las imágenes transmitidas por la televisión daban cuenta de una fuerte disputa entre los dos bandos mediante el uso de cohetones, machetes, toletes, escudos y gases lacrimógenos, con la particularidad de que, en la parte más álgida del combate, el sonido de fondo fueron los acordes del Himno Nacional Mexicano. El saldo: 123 lesionados, 84 detenidos, dos heridos de gravedad y cinco desaparecidos. Dos días después el alcalde priísta huyó de la ciudad, por lo cual Atitalaquia se convirtió, literalmente, en un pueblo sin ley.
Sin embargo, este no fue el único desalojo del día. En Juchitán, Oaxaca, policías estatales desplazaron a los manifestantes del ejido Emiliano Zapata instalados en la plaza del Ayuntamiento a través del uso de la fuerza. En este caso, las imágenes disponibles también dieron testimonio del uso de armas de fuego al momento de emprender esta acción. Aunado a lo anterior, los noticiarios televisivos nocturnos destacaron el fallecimiento del joven médico Joaquín P. Fernández Larios, quien fue asesinado por sus secuestradores aún después de que la familia había pagado la cantidad establecida por el rescate. El padre de la víctima envió una carta a los medios de comunicación en la que se pregunta el por qué del hecho, algo que cualquier persona haría en su lugar, así como también exigió la impartición de justicia en este caso, el cual se ha sumado a la cadena de delitos de esta índole que cada vez se extiende por más ciudades del país.
Como si esto no fuese suficiente, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México mostró su preocupación ese día por el alto riesgo que está tomando en el país ejercer la profesión de periodista. Los ejemplos a los que se recurrió fueron los 12 atentados contra trabajadores de los medios de comunicación que han tenido lugar de noviembre de 2005 a la fecha. Sin embargo, el caso más llamativo ha sido, sin duda, el ataque a las oficinas del diario El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este hecho ha ocasionado que, en opinión de diversos organismos internacionales, México sea “una de las zonas más peligrosas para periodistas en América Latina” (El Universal, febrero 15, 2006).
Todo esto tuvo lugar en un solo día, pero no exenta el reconocimiento de otros frentes abiertos como el conflicto diplomático con Estados Unidos y Cuba, la delicada situación que prevalece en el Congreso derivado del tema de las conversaciones telefónicas, las condiciones que rodean a las campañas presidenciales y a la realización de los propios comicios, a la ejecución cotidiana de personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, entre otros asuntos públicos. Entonces, si este es el panorama que tenemos después de andar por este camino, si estos son los resultados obtenidos luego de transitar esta ruta, es difícil pensar que una mayoría no considere necesario hacer modificaciones en el plan de vuelo.
En efecto, algunos de estos temas son de naturaleza local, es decir están bajo la tutela de los gobiernos estatales y locales, por lo que no pueden responsabilizarse directamente a la acción o no acción del gobierno federal. Sin embargo, no dejan de estar relacionados con la sensación de pérdida de control de ciertas atribuciones irrenunciables del Estado mexicano como las de la seguridad pública y el manejo de la política interior.
El gobierno de Vicente Fox se ha enfrentado a la disyuntiva de no actuar como sus antecesores priístas, es decir de manera semi-autoritaria y discrecional. Esto, sin embargo, ha tergiversado en una actitud abúlica y complaciente respecto de la evolución de los conflictos en el interior del país. Bajo un erróneo concepto de federalismo se han dejado a la deriva algunos asuntos en los que debiera tener mayor inferencia. Con el objetivo de no ser llamado “represor” o “injerencista”, la actual administración ha aplicado una política –al parecer—basada en la idea del dejar hacer, dejar pasar político. El riesgo en esto es que, por un lado, está propiciando la creación de ciertas condiciones para que algunos estados y municipios se conviertan en verdaderos feudos inexpugnables y, por el otro, que la tentación de soluciones verticales y unilaterales sea cada vez mayor bajo la presión social de “hacer algo” y de “resolver los problemas”.
Fox ha dicho que, después de que se vaya, lo vamos a extrañar. Lo ha mencionado en el sentido de que el grado de libertades alcanzado durante este sexenio será inédito, tal y como lo debe demostrar –dice—el tiempo y la historia. Es probable. Sin embargo, esa augurada regresión futura no será responsabilidad exclusiva del supuesto talante autoritario del próximo Ejecutivo Federal, sino de lo que se ha dejado de hacer en el presente. Los focos rojos que se encienden en el país al término del mandado son una llamada de atención sobre este tema que no deben despreciarse.
El Guardián, febrero 18, 2006.
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