Prospectiva 2007

En los últimos días se ha comentado en diversos medios la agenda de riesgos que el país enfrentará en el corto y mediano plazo. Los argumentos han apuntado hacia algunos asuntos públicos cuya importancia se considera crucial para el futuro de la sociedad. A pesar de que existen algunos inamovibles, como el combate a la pobreza, a la desigualdad y a la inseguridad, otros se han incorporado como resultado de los nuevos tiempos. A continuación presento un breve recuento de los que, desde mi perspectiva, es importante tener en consideración.

El primero es la seguridad pública. Este es un aspecto vital dado el deterioro inusitado y sostenido que ha experimentado en diversas zonas del país, lo cual ha originado que el Estado mexicano haya perdido la presencia y el control por el incremento de la actividad de organizaciones criminales. El tema también es relevante porque en ello no sólo va involucrada la confianza y la seguridad de las personas, sus propiedades y sus actividades cotidianas, sino la existencia misma del Estado como detentador de la violencia legítima y garante de la gobernabilidad.

Las acciones emprendidas por la administració n de Calderón Hinojosa han sido hasta cierto punto comprensibles. Si el Estado no contrarresta la ofensiva lanzada por estos grupos corremos el riesgo de instalarnos en un estado de la naturaleza sin una autoridad visible y donde la ley imperante sea la del más fuerte. El riesgo, en contraste, es una sobre exposición de las instituciones utilizadas –en especial el Ejército Mexicano—que pueda corromperlo.

La estrategia actual deberá estar acompañada por acciones paralelas en una perspectiva más amplia, por ejemplo, con políticas públicas dirigidas a fomentar la creación de empleos formales, a estructurar un solo cuerpo policial en el país, que ayude a disminuir la descoordinación que impera en la actualidad entre las distintas policías de los tres ámbitos de gobierno, así como para reformar el sistema de justicia mexicano.

Otro asunto primordial es el relativo a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. De este vínculo depende que se concreten una buena parte de los proyectos que ambas partes poseen. En la actualidad existen ciertos consensos sobre las reformas que el país necesita, por ejemplo, las multicitadas laboral, energética y electoral. Sin embargo, los desencuentros y la parálisis legislativa ha sido la constante de este vínculo.

De acuerdo al clima político imperante en el primer año de gestión de la administració n Calderón y de la LX Legislatura, lo recomendable es definir en la agenda pública un número limitado de temas. En este sentido, el que quizás posee mayores posibilidades de tener éxito en la negociación es el relativo a la reforma electoral. Los partidos, los actores políticos y la población concuerdan en que es necesario realizar algunos ajustes a las reglas del juego para elegir a las autoridades.

Así, un esfuerzo que puede redundar en puentes de acercamiento y resultados concretos es la definición de esta reforma, la cual tiene entre sus puntos pendientes los costos electorales (regulación de precampañas, duración de campañas, compra y acceso de los partidos a la publicidad mediática), la libertad de expresión (influencia de los actores políticos, públicos y privados, en el desarrollo de los comicios, antes y después de la emisión del sufragio) y la reingeniería del Instituto Federal Electoral (métodos para la renovación del Consejo General e instrumentos de sanción de la Ley Electoral).

Para finalizar, y estrechamente vinculado al tema anterior, la relación con y entre los partidos políticos es otro de los puntos de la prospectiva 2007. A pesar de que en las encuestas de preferencias y confianza ciudadana estos aparecen en los últimos lugares, nadie puede dudar su importancia en la marcha del sistema político. La distribución del mapa político muestra que son un factor decisivo dada su presencia en los gobiernos estatales y municipales.

Una estrategia de corto plazo respondería al mantenimiento de una estrecha y constante comunicación entre las autoridades públicas y los partidos para generar un clima de confianza y trabajo. Sin embargo, el esfuerzo de largo aliento implica la aprobación de la Ley de Partidos, la cual ha sido contemplada por años, pero cuya materializació n ha sido indefinida. Esta legislación ayudaría a la democratización interna de los mismos, así como a clarificar sus aspiraciones, actividades y responsabilidades ante la población.

La lista de temas es larga y compleja, como la propia sociedad mexicana. Estos sólo han sido algunos esbozos sobre un debate que requiere más tiempo y espacio para su reflexión.

El Guardián, febrero 10, 2007.