El más llamativo ha sido, sin duda, el de las reformas a las leyes de Radio y Televisión, así como a la Ley Federal de Telecomunicaciones, las cuales fueron aprobadas la madrugada de ayer viernes en el Senado por 81 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, pese al rechazo que generó tanto en la opinión pública como en los sectores especializados. La llamada “Ley Televisa” (nombrada así por el apoyo incondicional que esta empresa mostró a la misma) ha supeditado –de acuerdo a los expertos en el tema—al Estado al poder real de los medios de comunicación. En voz de la senadora Dulce María Sauri (PRI), a través de esta ley “no quedará más opción que decidirse por una programación donde mientras cantan y bailan por un sueño, no piensan dejar el privilegio de mandar”.
Sin embargo, igual o más preocupante es otro tema que se está tocando en estos días en la Cámara de Diputados. El pasado siete de marzo fue turnada a la Comisión de la Función Pública de dicha cámara la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se derogan y modifican diversos artículos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal (LSPCAPF). Este documento fue presentado por el diputado Rafael Flores Mendoza, miembro de la fracción parlamentaria del PRD.
¿Por qué es trascendente esta iniciativa? Para tener un panorama más amplio de las repercusiones de la misma deben realizarse algunas consideraciones previas.
La LSPCAPF es un instrumento jurídico vigente desde abril de 2004. Su aspecto central es la implementación del servicio civil de carrera en la Administración Pública Federal (APF). El servicio civil de carrera consiste en el establecimiento de un sistema de reclutamiento y ascenso basado en la calificación de los méritos del individuo. Su principio fundamental es la idoneidad del candidato a ocupar el puesto de acuerdo con los requisitos que previamente se trazaron como indispensables para cada unidad de trabajo particular. Sus tres cualidades principales son la competencia, la neutralidad y la igualdad de oportunidad.
Este método busca desplazar al llamado spoil system (o “sistema de botín”), el cual no es otra cosa que el otorgamiento de los puestos públicos como una especie de recompensa por diversos motivos políticos, por ejemplo, la pertenencia a un grupo o camarilla, o bien, debido a la serie de compromisos que los candidatos suelen asumir durante las campañas electorales. Huelga decir que, en la mayor parte de las etapas históricas de este país, el sistema de botín ha sido el más popular dentro de las administraciones públicas de cualquier nivel.
De esta forma, lo que la LSPCAPF ha buscado es la eliminación de la designación discrecional –mejor conocida como “compadrazgo” y “amiguismo”—de los puestos públicos, de la incertidumbre laboral característica de los cambios de gobierno, de la lealtad individual –que sólo rinde cuentas al superior inmediato—por una responsabilidad institucional, así como ha enfatizado la presentación de resultados por encima de la realización de acciones rutinarias y burocráticas como requisito de permanencia.
Sin duda, se trata de una idea noble que ha sido aplicada desde hace más de 200 años en los aparatos públicos de países como Inglaterra y Francia. Un reconocimiento a la administración pública y sus integrantes como actores vitales para la marcha correcta de las sociedades (una de las mejores definiciones del término administración pública es la que afirma que se trata de “la fuerza que arregla, corrige y mejora todo cuanto se encuentra en la sociedad”).
Ahora, con la iniciativa presentada por el legislador perredista, lo poco que se ha avanzado en el tema está siendo cuestionado. En su opinión, la propuesta deriva de la necesidad de que el Ejecutivo Federal “cuente entre los mandos superiores de la Administración Pública con personal de absoluta confianza y lealtad, en virtud de que los directores generales, jefes de Unidad y homólogos (los cargos que intenta excluir del actual esquema que incluye desde enlaces hasta directores generales) son puestos fundamentales para impulsar la administración y consecución de las políticas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo”. Flores Mendoza argumenta que “en los términos actuales en que se encuentra normado el Servicio Profesional de Carrera ... las próximas administraciones sólo podrían nombrar a un conjunto de 179 servidores públicos, haciendo materialmente imposible operar las políticas públicas gubernamentales”.
Como puede observarse, el matiz de esta iniciativa es eminentemente político. El PRD, instalado en la corriente de opinión pública que lo ubica casi como el virtual ganador de las presidenciales de julio, está intentando asegurar el nombramiento de cargos públicos clave para la próxima administración. Es decir, se intentan eliminar los requisitos de evaluación curricular, presentación de exámenes de capacidades técnicas, gerenciales y de visión del servicio público, así como la realización de una entrevista personalizada final, con el objetivo de ser nombrado funcionario público federal. Al parecer, el planteamiento es volver a los tiempos de la discrecionalidad al momento de asignar los cargos públicos sin acreditar los méritos suficientes para tal objetivo.
El asunto es relevante por sí mismo, ya que involucra a los funcionarios que personalizan el gobierno de todo el país. Sin embargo, también lo es porque el modelo aplicado en la APF se ha tomado como el ideal a seguir dentro de las administraciones estatales y municipales.
Así, con esta posible modificación, si en la mayoría de los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos ni siquiera se había considerado introducir estas prácticas, con este retroceso habrá mayores argumentos para mantener la libre designación de funcionarios. Hecho que, como hemos observado y experimentado, ha dado como resultado administraciones públicas ineficientes e inestables.
El Guardián, abril 1, 2006.
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